El 27 de septiembre de 1821 fue un día lleno de alegría para los mexicanos. Creían que la independencia resolvería los problemas de la nación y que ya no habría obstáculos para progresar. Al día siguiente de la se instalo una Junta Provisional de Gobierno, encargada de redactar el Acta de Independencia y de organizar un congreso que decidiera la forma de gobierno para el país.

La situación era difícil: el comercio marítimo se hallaba suspendido; las fronteras no estaban bien señaladas en el norte ni en el sureste; en más de cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados vivían menos de siete millones de habitantes, casi todos en el centro. Habían muerto seiscientos mil hombres: casi la décima parte de la población y la mitad de los que trabajaban. Minas, campos y fábricas estaban abandonados; casi nadie pagaba impuestos y los gastos de gobierno aumentaban día con día, sobre todo para mantener al ejército. En los caminos abundaban los bandoleros y casi nadie se atrevía a salir a comerciar. La producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron, en relación con las últimas décadas del periodo virreinal.

La mayoría de la población en la pobreza producían solos sus pocos alimentos. Después esta agricultura de subsistencia era diferente para sostener a las familias, pero no contribuía al crecimiento económico del país.

Aunque no había muchas personas que tuvieran dinero para hacer inversiones o que quisieran hacerlo, porque después los constantes conflictos políticos no generaban ambiente favorable para hacer negocios, entonces inmediatamente llegaron a nuestro país empresarios extranjeros, ingleses, franceses, estadounidenses, etcétera, que más tarde hicieron inversiones en el comercio y minería.